Corte Suprema de Justicia de El Salvador a favor de la impunidad
El pasado miércoles 24 de Agosto, 10 magistrados de la Corte Suprema de Justicia resolvieron a favor de los nueve militaresinvolucrados el asesinato de los padres jesuitas y sus dos colaboradorasque son requeridos por un juez Español para enjuiciarlos como actores principales de este crimen que conmocionó a la comunidad Salvadoreña e internacional. La resolución les deja en libertad irrestricta y manifiesta que la INTERPOL no les puede capturar sin la orden del máximo tribunal de justicia de El Salvador.
La corte argumenta que la difusión roja solo es una acción de localización y no implica una orden de captura con fines de extradición. Además mencionan que oficialmente no han recibido ninguna solicitud de parte del gobierno de España para capturar y extraditar a los implicados, por tanto declararon liberad irrestricta para los nueve militares ignorando los convenios internacionales firmados por El Salvador. Una vez más la víctimas de crímenes de lesa humanidad como son el magnicidio contra monseñor Romero, los padres Jesuitas, las masacres del Mozote, el Sumpul y los miles de desaparecidos durante el conflicto armado y sus familiares se les ha violado el derecho a obtener una justa y cumplida justicia.
No se puede hablar de perdón y olvido sin conocer la verdad de lo sucedido, hace 20 años que el caso de los padres jesuitas se conoció en los tribunales salvadoreños, pero el proceso fue muy amañado y dejó muchas dudas y no se llegó a juzgar a los actores intelectuales de los hechos, ante la búsqueda de justicia en los tribunales de España, pero nuevamente los encargados de aplicar la ley y hacer justicia de nuestro país resuelven a favor de los criminales sin apegarse al derecho y los tratados internacionales.
La Fundación SHARE expresamos nuestra solidaridad con las víctimas y sus familiares y manifestamos nuestro compromiso de acompañamiento solidario en la lucha por que se conozca la verdad, se haga justicia y se reparen los daños a las víctimas. Es importante tener en cuenta que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y que en algún momento tendremos funcionarios públicos que ejerzan sus cargos apegados a derecho y no respondan a intereses políticos y de grupos de poder.
Hacemos un llamado a la comunidad solidaria a manifestar su repudio y condena a la resolución de la corte en este caso, a exigir al gobierno del presidente Funes que cumpla su compromiso de gobernar a favor de los más pobres y vulnerables y dentro estos están los familiares de los miles de Salvadoreños asesinados y desaparecidos que llevan años luchando porque se haga justicia en cada caso. Ninguna democracia está en peligro porque las victimas clamen por conocer la verdad, pero es muy preocupante que quienes han causado tanto terror, luto y dolor a la población amenacen con retroceso de los procesos cuando se ven señalados en los tribunales.
La Paz y la reconciliación de una sociedad se cimentan en la verdad, la justicia y el resarcimiento de los daños.
DIGAMOS NO A LA IMPUNIDAD. SI A LA VERDAD Y A LA JUSTICIA
