PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO
La Procuradora para la Defensa
de los Derechos Humanos ante la eventual ratificación
del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica
y Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en inglés)
English
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En relación a la posible ratificación
del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica
y Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en inglés),
antes de que concluya el presente año
y luego de que el Órgano Ejecutivo hiciera
llegar los textos de dicho TLC a la Honorable
Asamblea Legislativa el pasado 2 de diciembre,
como Procuradora para la Defensa de los Derechos
Humanos, en virtud de mi mandato constitucional
de velar por el respeto y garantía de
los derechos humanos en el país y de
supervisar la actuación de la Administración
Pública frente las personas, así
como de emitir opiniones sobre proyectos de
ley que afecten el ejercicio de tales derechos
y de promover todas las medidas necesarias en
orden a prevenir violaciones a los mismos (ordinales
1, 7, 9 y 10, art.194.I, Cn.), a las autoridades
correspondientes y a la sociedad salvadoreña,
EXPRESO:
1. Que desde el momento en que concluyeron
las negociaciones alrededor del CAFTA, hace
aproximadamente un año, con la firma
de dicho acuerdo comercial por los diferentes
países intervinientes, lamenté
que un instrumento de tal naturaleza y magnitud
para las posibilidades de desarrollo y bienestar
futuro de la población salvadoreña,
no hubiera contado con el debate y participación
necesarios para constituirse en un factor
de concertación y consenso alrededor
de la agenda económica y social que
todas y todos anhelamos para asegurarnos una
mejor calidad de vida. La supresión
en la Asamblea Legislativa de una Comisión
Especial para el seguimiento de este tema,
resulta un revés a toda pretensión
de superar un vacío tan delicado como
el señalado, al no haberse tomado en
cuenta los resultados de su labor en los últimos
meses y justamente en el momento en que su
razón de ser cobraba mayor sentido.
2. Mi reiterada preocupación por lo
limitado de los mecanismos y espacios de información,
pero sobre todo, la ausencia de una amplia
consulta y consideración efectiva del
oportuno aporte a los textos que realizaran
diferentes sectores interesados y especializados
en aspectos sensibles del Tratado, tanto en
el momento de su negociación como posterior
a la firma del mismo. Especialmente, hago
referencia a la existencia de fundamentados
temores –expresados públicamente
en diversas oportunidades y en los últimos
días a través de medios periodísticos–,
respecto a la falta de claridad de las consecuencias
reales que la vigencia del CAFTA tendrá
en importantes áreas, actividades y
grupos poblacionales y sociales, así
como la ausencia de mecanismos eficaces y
transparentes para prevenirlas o revertirlas.
3. Que, en particular, la Procuraduría
para la Defensa de los Derechos Humanos ha
realizado un serio análisis, respaldado
en estudios e informes de entidades como la
Organización Internacional del Trabajo
(OIT), el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) e, incluso, el Banco
Mundial (BM), que reflejan fuertes impactos
en el derecho al trabajo y a la sindicalización
de un acuerdo comercial de este tipo –pese
a la inclusión de un capítulo
relativo a aspectos laborales y ambientales–,
así como a la insuficiencia e inefectividad
del marco jurídico e institucional
actual encargado de su protección y
defensa. Asimismo, no son pocas las dudas
y resistencias alrededor de la lógica
injusta que priva en el mecanismo de sanciones
ante violaciones denunciadas contra los derechos
laborales y sindicales, que finalmente no
recaen sobre las empresas que las cometan
sino contra el Estado y, por tanto, de la
ciudadanía que tendrá que responder
económicamente a ellas –vía
impuestos–, con lo que, de ninguna manera,
se promueve la erradicación de tales
prácticas violatorias.
En virtud de lo anterior y ante el riesgo de
que el CAFTA se traduzca en un elemento nocivo
a la paz social y al espíritu democrático
que debe regir la construcción conjunta
de una sociedad próspera, incluyente
y que avance hacia la superación de la
desigualdad social en el país, en mi
calidad de Procuradora para la Defensa de los
Derechos Humanos y bajo el respaldo de mi mandato
constitucional, me PRONUNCIO:
a) Por solicitar al Señor Presidente
Constitucional de la República, don
Elías Antonio Saca, que instruya a
las autoridades correspondientes y a sus respectivos
equipos asesores, en especial, a aquellos
que negociaron los textos del CAFTA, para
que brinden toda la información que
satisfaga, suficientemente, las dudas, temores
y desacuerdos existentes, no sólo de
quienes aun habiendo participado y aportado
en las negociaciones no se sienten representados
en las decisiones tomadas, sino y, sobre todo,
de aquellos sectores excluidos de todo el
proceso.
b) Por demandar a la Asamblea Legislativa
y, en particular, a su Comisión de
Relaciones Exteriores que está conociendo
los textos referidos, que no apresure la ratificación
de los mismos sin contar con más respaldo
que el de algunos sectores empresariales,
sino que genere la discusión y consenso
requeridos para evitar que, una posibilidad
que se abre para el país, degenere
en fuente de inestabilidad y confrontación
social respecto a asuntos públicos
de gran sensibilidad que, por tanto, son de
interés común y obligan a una
total transparencia y concertación.
c) Por recomendar a la misma Asamblea Legislativa
no caer en el error de ratificar el CAFTA
sólo por contar con una simple mayoría
de votos, ya que un documento jurídico
de tal envergadura y que está relacionado
con aspectos tan sensibles para nuestra Nación,
como el Territorio de la República,
la Integración Centroamericana y la
Soberanía Nacional -que cuentan con
expresa protección constitucional-,
exige un mayor debate y discusión que
conduzca a encauzar a todas las fracciones
políticas representadas en el mencionado
Órgano de Estado al análisis
de la conveniencia o no de su ratificación.
d) Porque esta Procuraduría reciba
y conozca oficialmente los textos y otros
documentos relacionados con la entrada en
vigor del CAFTA, en los que se detallan los
impactos previstos en el desarrollo económico
y social de nuestra población, al constituirse
este Tratado en un instrumento jurídico
que, por su naturaleza y norma constitucional
al respecto, se encontrará por encima
de nuestra legislación secundaria vigente
–como el Código de Trabajo–
y coexistirá con la normativa internacional
de derechos humanos que también y al
mismo nivel conforma el marco jurídico
que debe sujetarse a nuestra Constitución
de la República. Lo anterior, en razón
de las facultades constitucionales y legales
que, al respecto, le han sido conferidas a
la Procuraduría para la Defensa de
los Derechos Humanos.
En atención a lo anterior, reitero mi
firme compromiso por coadyuvar al mayor entendimiento
y consolidación democrática de
las opciones que se le presentan a nuestro país
para que, de manera responsable, encuentren
pronta y justa respuesta las más sentidas
aspiraciones de las salvadoreñas y salvadoreños
por alcanzar mejores y más dignas condiciones
de vida.
San Salvador, 13 de diciembre de 2004.
Doctora Beatrice Alamanni
de Carrillo
Procuradora para la Defensa de los Derechos
Humanos
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